Este verano, desde ASINCA no nos hemos parado en la defensa del sector. Se han enviado hasta 9 reclamaciones a Administraciones Públicas que habían licitado servicios de ingeniería o arquitectura con condiciones que no cumplían la legislación vigente.
El caso más paradigmático ha sido el de Mercabarna. En su licitación para la contratación del servicio de asistencia técnica integrada de proyectos, de redacción de proyectos y dirección facultativa y ejecutiva y de coordinación de seguridad y salud de los proyectos de la unidad alimentaria, con medidas de contratación pública sostenible, detectamos que, por las dedicaciones de los profesionales que se solicitaba y teniendo en cuenta las tablas salariales del sector, el precio de licitación no cubría los costes salariales. En este caso, Mercabarna paró la licitación y cambió los pliegos.
Además, ASINCA ha llevado a cabo gestiones con administraciones como ATL (Aigües Ter-Llobregat), Ferrocarrils de la Generalitat, BSM, la AMB, la Autoritat Portuària de Tarragona, el Departamento de Acción Climática, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell y el Consorcio de Acción Social de La Garrotxa. En estos casos, las administraciones no cumplen con la normativa europea vigente que establece que, en el caso de los servicios intelectuales, como los de arquitectura e ingeniería, los criterios relacionados con la calidad deben ser, como mínimo, del 51 por ciento de la puntuación.
Associació Catalana d'Enginyeria i Arquitectura